Jornaleras de Huelva en Lucha:
Visibilizando las voces silenciadas de las trabajadoras del campo

- Melina Ernst -
Antropóloga Social y Cultural, estudiante de Naturopatía
y Voluntaria de El Enjambre sin Reina
melina.ernst@outlook.com

 

Hoy os queremos hablar de un tema que guarda directa relación con una de las frutas más demandadas en los países occidentales durante la primavera y los meses inmediatos, y que mejor acogida tiene entre las personas de cualquier edad por su extraordinario sabor: la fresa. Este fruto de color rojo brillante, suculento y fragante es una verdadera alegría para la vista y el paladar, que además posee excelentes propiedades nutricionales que ayudan a preservar la salud, por lo que no es de extrañar que su sabor sea utilizado en múltiples recetas. El sector de los frutos rojos (fresa, frambuesa, arándano y mora) es uno de los sectores agrícolas que ha experimentado un mayor desarrollo en las últimas décadas, siendo la provincia de Huelva la primera región exportadora de fresa del mundo.¹ Según las estadísticas, Andalucía produjo en 2021 el 97,3% de la fresa española y casi el 29% de la fresa de la Unión Europea, procediendo casi la totalidad de la producción de fresa andaluza de la provincia de Huelva, lo que convierte al Estado español, y al territorio biofísico de Huelva concretamente, en el primer productor de fresa a nivel europeo.²

En la campaña 2021/22, Andalucía alcanzó un nuevo récord de exportaciones de fresas, con 587.546 millones de euros, gracias a un crecimiento del 10% respecto a la campaña anterior.² La facturación de la fresa es tan alta, que comúnmente es conocida también como el “oro rojo”. Mientras se reconoce ampliamente la importancia de este sector para el desarrollo de la economía onubense, las personas que se dedican a la recolección de esta fruta en los campos, haciendo posible su llegada a las estanterías de los supermercados y, por ende, a nuestra boca, suelen permanecer invisibles. Como creemos que es imposible garantizar el derecho a la alimentación sostenible y la salud de las personas y del planeta sin conocer los procesos de producción de alimentos en el actual sistema agroalimentario, el propósito de este artículo es poner el foco en quiénes producen y cómo se producen las fresas en gran parte de los campos de Huelva, desvelando así la cara oculta de la industria de los frutos rojos.

Para ello, os queremos presentar a las Jornaleras de Huelva en Lucha, un colectivo de mujeres jornaleras que viven y trabajan en diferentes pueblos de la provincia de Huelva, cuyo objetivo consiste en defender los derechos de toda la clase jornalera, atendiendo a las diferentes problemáticas que se dan en el sector agrícola onubense. La organización fue creada en 2018 por Ana Pinto y Najat Bassit, una jornalera española de origen onubense y otra marroquí con residencia y contrato en España, ambas trabajadoras en la recolección de la fresa, que ante los diversos abusos sufridos por ellas mismas y sus compañeras decidieron organizarse para conseguir una mejora en las condiciones sociolaborales de toda la clase jornalera.

Ya en la segunda edición del curso online “Alimentando Salud. Cómo puede una dieta sostenible cuidar el planeta”, realizado por El Enjambre sin Reina, contamos con la participación de Ana Pinto como alumna y testimonio de las durísimas condiciones de trabajo y de vida a las que están sometidas las trabajadoras del sector agrícola onubense. Ahora, en la tercera edición de este mismo curso, en el marco del seminario “La fresa en Andalucía. Jornaleras en lucha”, realizado el 27 de octubre de 2022, participaron sus compañeras Najat Bassit y Patricia Rubio, proporcionándonos una visión muy completa, basada en sus propias vivencias, de lo que está ocurriendo cada día en los campos de Huelva, y cuyos relatos os queremos compartir a continuación.

QUIÉNES TRABAJAN EN LOS CAMPOS DE HUELVA

En primer lugar, y respondiendo a la cuestión de quiénes son las personas que trabajan en el campo recolectando las fresas que tanto nos gustan, cabe destacar que, en el caso de Huelva, el 52% de las personas jornaleras son originarias de los diferentes pueblos de la provincia y la otra parte está formada por personas migrantes contratadas en origen sin papeles e inmigrantes residentes en España con papeles. Las personas jornaleras andaluzas que viven en los pueblos cada vez tienen un acceso más difícil a los puestos de trabajo en el campo. Esto se debe al hecho de que, en numerosas ocasiones, las empresas prefieren contratar a personas migrantes sin papeles, y sobre todo mujeres, a quienes pueden explotar más fácilmente debido a la falta de derechos derivada de su situación administrativa. Como veremos más adelante, estas personas se enfrentan a unas condiciones de vida indignas y muchas de ellas malviven en asentamientos chabolistas sin servicios básicos como luz o agua.

Najat nos cuenta que llegó a España como inmigrante en 2005, donde empieza a trabajar en el cultivo olivarero en la provincia de Huelva, cambiándose luego al cultivo del fruto rojo, en el cual lleva trabajando 14 años en una de las empresas multinacionales de Huelva. Es allí donde conoce a su compañera Ana Pinto, que trabaja como manijera con otras jornaleras españolas. “Al principio no sabía que había convenio de campo, no sabía que había sindicato y que tenía derechos, porque, claro, cuando llegas a una empresa no te hablan de derechos ni nada. Lo primero que te ponen son normas que tienes que firmar sí o sí, si quieres el puesto de trabajo”, nos comenta Najat. Se dedica a recolectar frutas hasta que empiezan a llegar las mujeres marroquíes contratadas en origen, por lo que, al saber el idioma, la colocan de manijera como responsable de vigilar a las trabajadoras y de la correcta realización de las tareas mandadas por el personal al cargo. A partir de este momento, Najat empieza a ver otras realidades distintas a las que ella vivía al principio: “Empecé a ver que hay muchos abusos hacia esas mujeres. Al tratar con ellas todos los días, me contaban sus problemas dentro del alojamiento y veía también cómo las trataban dentro del campo”. También nos cuenta que, poco a poco, van aumentando los abuso no sólo hacia las trabajadoras de origen migrante, sino también hacia las jornaleras autóctonas. Por ejemplo, se empieza a aplicar una serie de normas estrictas que dictan lo que se puede y no se puede hacer en horario de trabajo, prohibiéndose en algunas empresas, entre otras cosas, trabajar en camiseta de tirantes o pantalón corto o llevarse una botella de agua al campo, permitiéndoles beber agua solamente en el horario establecido para ello (en unas condiciones donde en verano las temperaturas debajo del invernadero pueden alcanzar los 50 grados).

LA RACIALIZACIÓN Y FEMINIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA TEMPORAL

A lo largo de los años se ha podido observar una paulatina racialización y feminización de la mano de obra agrícola temporal, siendo preferidas y contratadas para este tipo de trabajo mayoritariamente mujeres de Europa del Este y Marruecos con unos perfiles especialmente vulnerables. Según nos cuentan Najat y Patricia, a las mujeres marroquíes que vienen con contratos en origen, regulados por la Orden GECCO, y aprobada por el gobierno español, se les exigen unos criterios de selección bastante estrictos, siendo preferidas las mujeres de entre 20 - 45 años con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo, casadas, divorciadas o viudas, que provengan de zonas rurales y tengan un bajo nivel educativo y cultural (analfabetas, sin estudios, etc.). Seleccionando a mujeres con este perfil, las empresas se aseguran no sólo el retorno de estas mujeres a su país de origen una vez finalizada la campaña agrícola, sino también su más fácil explotación. Si bien hay también algunos hombres trabajando junto a ellas, sufriendo condiciones de precariedad y abusos graves por parte de las empresas agroalimentarias, en comparación con el número de mujeres son más bien pocos, siendo éstos contratados, generalmente, para otros cargos más altos. La contratación en origen es, por tanto, un sistema contractual que permite la contratación programada de personas trabajadoras que no están ni residen en España y que son reclutadas en sus respectivos países a petición de las empresas. Este contrato les proporciona a las trabajadoras migrantes un visado y el derecho a la Seguridad Social, así como un alojamiento en condiciones habitables que debe ser facilitado por la persona propietaria de la finca. Aunque el empleo de personas extranjeras mediante este tipo de contrato, teóricamente, sólo es posible en casos de falta de disponibilidad de mano de obra nacional o extranjera con residencia en la zona, lo que sucede en la práctica es que cada vez más empresas agroalimentarias rechazan las solicitudes realizadas por las personas españolas en búsqueda de un puesto de trabajo en el campo, contratando anualmente, en cambio, a entre 15.000 y 20.000 trabajadoras marroquíes sin papeles en regla a las que pueden explotar con más facilidad.

Aparte de la sustitución cada vez mayor de las trabajadoras autóctonas de los pueblos de Huelva por mano de obra migrante, las primeras se encuentran también en una situación cada vez más precaria debido al sistema agrario andaluz, como se explica en la página web de las Jornaleras de Huelva en Lucha:

En Andalucía cada vez es más difícil acceder a las precarias prestaciones habilitadas para cuando no tenemos trabajo. Para acceder al subsidio agrario, el paro que cobramos las jornaleras y los jornaleros en nuestros periodos de inactividad laboral, hace falta pagar el sello agrario y haber trabajado al menos 35 jornadas (también llamadas peonadas) durante el año. Ambas cuestiones complican enormemente el cobro de la prestación en la práctica: Por una parte, el sello agrario ha aumentado un 30% tras la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Cada jornalera o jornalero debe pagar su cotización a la Seguridad Social durante el periodo de inactividad; a esta cantidad solemos referirnos como «sello». Pagar 127 euros al mes durante todo un año para poder cobrar 430 euros de renta agraria durante 6 meses se ha convertido en una odisea, por lo que muchas personas se ven obligadas a dar de baja el sello. Por otra parte, el régimen especial agrario permite tener de alta en la Seguridad Social a una persona sin cotizar la peonada. Esto provoca que no siempre se apunten las jornadas reales de trabajo, lo que complica llegar al mínimo de 35 peonadas necesarias para solicitar la prestación.³

Estas dinámicas, a la vez que empobrecen a las personas autóctonas, abocando a la gente de los pueblos a la emigración, fomentan unos flujos migratorios precarizados que se ven en la necesidad de aceptar unas condiciones laborales carentes de derechos, y que además están derivando en unos fuertes discursos de odio entre la ciudadanía hacia la población migrante. Desde Jornaleras de Huelva en Lucha trabajan para erradicar estos conflictos de índole racista, luchando por la regularización de las personas migrantes para que estén en situación de igualdad de condiciones y derechos con el resto de la ciudadanía regularizada, lo cual, por un lado, dificultaría su explotación por parte de las empresas y, por otro, probablemente cambiaría la percepción de la sociedad sobre estas personas.    

“ENCERRADAS” EN LAS FINCAS Y MALVIVIENDO EN ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS

Como ya hemos indicado anteriormente, el contrato en origen con el que vienen gran parte de las jornaleras marroquíes a trabajar en los campos de Huelva, incluye la facilitación de una vivienda gratuita por parte de la empresa de la finca en la que trabajan. Lo que ocurre es que estos alojamientos, que comparten entre varias compañeras, normalmente se encuentran dentro de las propias fincas de trabajo, que están valladas y situadas a varios kilómetros de los pueblos, a los que sólo pueden llegar atravesando bosques o caminando por carreteras secundarias, lo que les puede llevar una hora de ida y otra de vuelta. De esta manera, las temporeras con contratos en origen, al estar prácticamente “encerradas” en estas propiedades privadas, están sometidas bajo un control paternalista que invade totalmente la esfera privada, como son el hogar o la familia, estando bajo vigilancia constante por las empresas y teniendo unos días y horarios concretos para realizar sus compras y otras actividades en el centro urbano. Además, los gastos de luz, alimentación y el viaje de regreso a Marruecos corren de su cuenta. El hecho de que las personas migrantes se alojen en la propiedad de las empresas para las que trabajan, es también una herramienta de éstas para protegerse contra todo tipo de asociaciones y colectivos ajenos a las mismas que quieran acceder a su propiedad para hablar con las personas trabajadoras, a las cuales tienen bajo su jurisprudencia.

Además de las mujeres que vienen con un contrato en origen a trabajar en las campañas agrícolas de provincias como Huelva, vienen también cada año miles de personas a probar suerte por cuenta propia sin ningún contrato previo firmado. Según datos proporcionados por Najat y Patricia, en el caso de Huelva, entre 3.000 y 5.000 de estas personas migrantes acaban malviviendo en asentamientos chabolistas, que se concentran en los alrededores de los municipios de Lepe, Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, los cuatro núcleos freseros más potentes de la provincia. Las chabolas, en las que no hay servicios básicos como luz y agua, están construidas principalmente de cartón, plásticos y palés de madera altamente inflamables, que además suelen ser los mismos que se utilizan y se les venden en las fincas donde trabajan estas personas. Mientras que la industria del fruto rojo factura millones de euros cada año, gran parte de sus empleados y empleadas viven en condiciones infrahumanas. Si para los ayuntamientos las chabolas son un problema social, para las organizaciones empresariales son un problema de imagen, de manera que algunos ayuntamientos han decidido hacer una política de erradicación del chabolismo, pero sin poner en marcha alternativas habitacionales, lo cual no sólo no soluciona el problema, sino que incluso lo empeora, provocando que ahora más personas tengan que vivir directamente en la calle. Como apuntan desde Jornaleras de Huelva en Lucha, el principal problema de esta situación es la falta de coordinación por parte de las empresas y, sobre todo, de la administración pública: “En nuestra provincia el derecho a empadronamiento de las personas que viven en los asentamientos chabolistas está siendo denegado por parte de los ayuntamientos, a pesar de ser legalmente obligatorio y uno de los principales requisitos para optar a los permisos de residencia y trabajo”, denuncian en su página web.⁴

También critican la ley de extranjería, la cual pone dificultades a las personas extranjeras para la obtención de papeles, obligándoles a estar durante tres años en situación ilegal, favoreciendo así su explotación y la construcción de este tipo de asentamientos. Para mejorar las condiciones de vida de sus compañeros y compañeras migrantes en situación administrativa irregular, Jornaleras de Huelva en Lucha les ofrece información y asesoría sobre sus derechos sociales y procesos de regularización.

EL DERECHO A LA SALUD

A través de la narración de diferentes casos reales, Najat nos hace ver los graves abusos – psicológicos, económicos y sexuales – que sufren las mujeres jornaleras migrantes por parte de muchas empresas agroalimentarias. Uno de estos casos es el de Smahia, una mujer marroquí, que lleva desde 2007 trabajando en la recogida de frutos rojos en Huelva bajo el modelo de contratación en origen, pagando su correspondiente cuota a la Seguridad Social y la Haciendo pública. Cuando exige su derecho a ser atendida por el sistema sanitario español por estar enferma de cáncer desde hace varios años y viniendo a trabajar cada temporada a pesar de sus dolencias, la empresa para la que trabaja, Atlantic Blue (la misma en la que trabajaron también Najat Bassit y Ana Pinto), se niega a ayudarla, acusándola incluso de fingir su malestar para obtener la residencia y amenazándola con acusarla de fuga.

La historia de Smahia destaca por la visibilidad mediática que ha recibido, pero es sólo un ejemplo representativo de lo que les sucede a muchas personas trabajadoras del campo contratadas en origen, a las que se les suele impedir el acceso a la sanidad pública española en casos de enfermedad, así como denegar la gestión de su correspondiente baja laboral en caso de accidente laboral. Además, apuntan desde Jornaleras de Huelva en Lucha que “no sólo pierden la salud en el trabajo, estando expuestas a agro-tóxicos en los cultivos sin ningún tipo de protección respiratoria, sino también a través de la mala alimentación, por falta de recursos económicos y acceso a una alimentación saludable”.

Con el objetivo de facilitarles el acceso al derecho a la salud a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, así como a sus compañeras que vienen con contrato en origen, la asociación les proporciona información y les facilita el acceso al sistema sanitario, denunciando además el incumplimiento de la Orden GECCO, la cual regula la contratación en origen de las compañeras marroquíes, y el total abandono al que se ven sometidas muchas de ellas en caso de enfermedad o accidente laboral.

PONER LAS MANOS JORNALERAS EN EL CENTRO

Mediación sindical y apoyo jurídico

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase jornalera dedicada al sector agrícola onubense, a través  de la mediación sindical y el asesoramiento jurídico laboral, las Jornaleras de Huelva en Lucha informan a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos, recogen sus quejas y denuncian los abusos laborales ante la Inspección de Trabajo y los tribunales, posibilitando mediante una base sindical sólida que sean las propias personas trabajadoras quienes puedan defender sus derechos en los tajos.

Sensibilización social e incidencia política

Además de realizar denuncias legales, la organización también lleva a cabo campañas de sensibilización y denuncia pública, que se han mostrado muy efectivas para lograr la visibilización y reversión de situaciones de abuso.

En el informe Campaña Sindical 2021/2022, realizado por Jornaleras de Huelva en Lucha, denuncian el incumplimiento generalizado del Convenio Colectivo de Trabajadores del Campo de Huelva y de la Orden GECCO, sacando a la luz la explotación sistemática de la mano de obra que trabaja en el sector agrícola en provincias como Huelva. Entre los abusos que se mencionan en el informe están el incumplimiento de la jornada laboral de 39 horas semanales y del pago de las horas extras al 75% más de la hora ordinaria. También denuncian la exigencia de productividad, en ocasiones llegando a imponer castigos de empleo y sueldo por no llegar a la media de kilos recolectados, así como el incumplimiento en el 80% de empresas denunciadas del Salario Mínimo Interprofesional.⁵

CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO: DE LA AGRICULTURA INTENSIVA A LA AGROECOLOGÍA

Para las Jornaleras de Huelva en Lucha, luchar por los derechos de toda la case jornalera implica luchar a su vez por un cambio del modelo de agricultura, ya que, como bien señala Ana Pinto, “de nada nos va a servir ganar en derechos laborales si luego nos vamos a quedar sin agua en los pueblos debido al cultivo intensivo de aquí a unos años”.

La industria del fruto rojo en Huelva se caracteriza no sólo por la explotación masiva de su mano de obra, sino también por el grave impacto ambiental que causan las prácticas agrícolas en las diferentes zonas de la provincia, como es el caso de Doñana. Una de las principales problemáticas medioambientales ligadas a este sector es su elevado y descontrolado consumo hídrico: la extracción de aguas subterráneas (algunas autorizadas, otras ilegales) lleva afectando mucho tiempo al acuífero que sostiene a buena parte de la biodiversidad del territorio de la comarca. A esto hay que añadir las grandes cantidades de pesticidas y otros fitosanitarios que se emplean en el cultivo, que no sólo provocan un empobrecimiento del suelo, sino también causan una grave contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, de las cuales se nutre el Parque de Doñana y las poblaciones aledañas.

Otro problema ambiental derivado de la actividad agrícola del sector es la inadecuada gestión de los miles de toneladas de residuos plásticos resultantes de cada temporada, procedentes en su mayoría de los plásticos que se utilizan (y se reponen anualmente) para cubrir las miles de hectáreas de invernaderos bajo los que se desarrolla el cultivo de los frutos rojos. Gran parte de los mismos son abandonados en las zonas naturales de los alrededores, dando lugar a vertederos ilegales, y provocando año tras año quemas incontroladas que generan grandes humaredas de alta toxicidad al estar presentes en la combustión restos de pesticidas que impregnan los plásticos agrícolas, así como envases y tuberías de PVC.⁶

Teniendo en cuenta este panorama, para poder garantizar los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras del campo hay que cambiar también la forma en que se producen los alimentos, ya que la lógica capitalista con la que funciona el sistema agroalimentario actual es la que permite y fomenta la explotación de la mano de obra a la vez que provoca el deterioro del medio ambiente, y con ello la salud de las personas.

De ahí la importancia de apostar por la transición hacia modelos alimentarios que pongan en el centro a las personas y los territorios, en lugar del crecimiento económico, y que sean capaces de garantizar el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos, asegurando a la vez unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras del campo, así como la preservación de los ecosistemas, que sostienen la vida en el planeta. Como alternativa al sistema agroalimentario actual, creemos en la Agroecología, una disciplina científica que busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos en los agroecosistemas para lograr una doble sostenibilidad: tanto a nivel del cultivo como de las sociedades locales que lo producen, dando lugar a una amplia gama de prácticas agrícolas y ganaderas que proponen una producción ecológica de alimentos respetuosa con el entorno y las personas. Ésta implica un uso óptimo de los recursos naturales, la exclusión de fertilizantes sintéticos y productos fitosanitarios, la elección de variedades locales, la preservación de la biodiversidad, etc., promoviendo al mismo tiempo la justicia social, reforzando la cultura y la identidad de los entornos rurales y fortaleciendo su economía.

LA MIRADA DEL ECOFEMINISMO

“Trabajamos unidas desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo, decididas a terminar con décadas de precariedad y opresión.”³

Las problemáticas expuestas anteriormente y denunciadas por las Jornaleras de Huelva en Lucha, evidentemente, no son un caso aislado que únicamente se da en el sector agrícola de frutos rojos en Huelva, sino que se repiten a nivel global entre diversos colectivos, que también se ven afectados por la feminización de la precariedad, como las trabajadoras domésticas, las camareras de piso, las prostitutas, etc. Se trata de las consecuencias de un sistema capitalista cuya esencia se basa en el crecimiento económico, así como en la explotación de cuerpos y de territorios.

Si bien es un modelo que perjudica a todas las personas, las que más sufren sus consecuencias son las mujeres:

    • el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres
    • el 80% de los refugiados en el mundo son mujeres y niños
    • a nivel mundial, las mujeres ganan como promedio el 50% de lo que ganan los hombres
    • 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales 2/3 son mujeres.⁷

Frente a este panorama, el ecofeminismo propone una filosofía y una práctica estableciendo conexión entre la explotación y degradación del medio ambiente y la subordinación y opresión de las mujeres. Esta corriente feminista pone de manifiesto las grandes paradojas de la forma en la que actualmente nos organizamos como sociedad (occidental). Hemos construido unos modelos económicos, políticos y culturales que se desarrollan de espaldas a las bases materiales que precisamente permiten sostener la vida humana: la naturaleza y los trabajos de cuidado (realizados, mayoritariamente, por mujeres) – dos aspectos completamente invisibilizados en el sistema capitalista actual.

El ecofeminismo denuncia que este sistema no produce lo que necesitan las personas, sino lo que da beneficios económicos. Al reducirse la economía a la crematística (el arte de ganar dinero) y, por consiguiente, el valor a lo exclusivamente monetario se ignoran los efectos negativos de la actividad económica y se equiparan progreso y bienestar social con la cantidad de dinero que entra en un país. Sin embargo, la realidad muestra que cuanto más crecen las economías más biodiversidad se pierde, más se calienta el clima y más profundas son las desigualdades sociales. La gravedad de la situación actual exige, por tanto, una transformación radical en la forma de organizarnos social y económicamente, poniendo en el centro la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Quizás una de las mayores dificultades, pero a la vez imprescindible, para alcanzar esta transición hacia un modelo de vida más sostenible e igualitaria, consiste en generar conciencia sobre los valores y reglas del modo de vida dominante. Es necesario, tal como hace el ecofeminismo, redefinir y revalorar los aspectos que forman la base de nuestra sociedad, los cuales damos por hecho y sin embargo son incapaces de garantizar una vida digna a los pueblos (reflejado en guerras, deterioro ambiental, desigualdad y violencia).

En la actualidad, el mercado constituye el epicentro de nuestra sociedad y todos los conceptos claves son definidos en torno a él: cuando hablamos de trabajo, nos referimos casi exclusivamente al trabajo remunerado, el empleo, cuando hablamos de riqueza, nos referimos a la riqueza en términos monetarios y cuando hablamos de bienestar, nos referimos a los niveles de consumo, etc. Para poder llegar a una sociedad sostenible y equitativa hace falta desplazar a los mercados del centro de la toma de decisiones (económicas, políticas, sociales y ambientales) y colocar en el centro la vida que merece ser vivida, poniendo en valor elementos que actualmente están en claro deterioro: la cultura de los cuidados y la naturaleza. Aquí el papel de la escuela es muy importante, ya que ayuda a conformar una determinada forma de entender el mundo. Y si bien se trata de problemas estructurales de índole principalmente económica y política, el enfoque de la educación ecosocial que pone la vida en el centro, abordando estos problemas actuales y reflexionando y redefiniendo los modos de relacionarnos entre las personas (interdependencia) y con la naturaleza (ecodependencia), resulta fundamental para disputar la actual hegemonía cultural y construir alternativas y transiciones viables y a la vez inaplazables.
    
Hablar de sistemas alimentarios alternativos, agroecología y soberanía alimentaria, implica siempre una parte de justicia social y el planteamiento de un nuevo paradigma en las relaciones y estructuras sociales y económicas que sostienen nuestra forma de alimentarnos, y finalmente de vivir.

Referencias bibliográficas

1 Junta de Andalucía. (s.f.). Frutos rojos. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?action=Static&subsector=19&url=subsector.jsp

2 Junta de Andalucía. (2022). Datos básicos de fresa. Campaña 2021/22. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?action=RecordContent&table=11113&element=4168384&subsector=19&

3 Jornaleras de Huelva en Lucha. (s.f.). Sustrato. https://jornalerasenlucha.org/sustrato/

4 Jornaleras de Huelva en Lucha. (s.f.). Qué hacemos crecer. https://jornalerasenlucha.org/que-hacemos-crecer/

5 Jornaleras de Huelva en Lucha. (2022). Informe campaña sindical 2021/2022. https://jornalerasenlucha.org/informe-campana-sindical-2021-2022/

6 Ecologistas en Acción. (2006). El cultivo intensivo de fresas. N°47. https://www.ecologistasenaccion.org/18234/el-cultivo-intensivo-de-fresas/

7 Datos proporcionados en el curso online “Alimentando Salud. Cómo puede una dieta sostenible cuidar el planeta”, 2022